El Día de los Derechos Humanos se conmemorará en Cuba el viernes 10 de diciembre de 2027, cuando se cumplirán 79 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más allá de los actos y mensajes de esa fecha, existe una pregunta práctica: ¿qué mecanismos legales tiene una persona para dirigir una queja o petición a las autoridades cubanas?

¿Qué se conmemora el 10 de diciembre?

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, en París. La jornada internacional recuerda la igualdad en dignidad y derechos y los compromisos de protección de las libertades fundamentales.

El sistema de las Naciones Unidas en Cuba también identifica el 10 de diciembre entre sus jornadas de sensibilización sobre derechos humanos. En 2027, la fecha caerá viernes, pero los programas de actividades en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey u otras localidades deberán confirmarse mediante anuncios propios de sus organizadores.

La jornada internacional es una conmemoración, y no figura por ese motivo como feriado nacional general en el calendario laboral cubano.

¿Qué reconoce la Constitución de Cuba?

La Constitución de la República de Cuba de 2019, en su artículo 61, reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades.

Ese artículo también dispone que las autoridades deben tramitar las solicitudes y responder de manera oportuna, pertinente y fundamentada, conforme a los plazos y procedimientos establecidos legalmente.

Este derecho permite solicitar atención a un problema concreto ante una autoridad competente. Debe distinguirse de otros mecanismos, como un recurso administrativo, una denuncia penal o una reclamación ante los tribunales, cada uno de los cuales puede tener requisitos y términos propios.

¿Qué procedimiento regula las quejas y peticiones?

La Ley 167/2023, denominada Del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, establece un marco para la recepción y tramitación de estas comunicaciones a las autoridades. Su regulación fue publicada en la Gaceta Oficial en diciembre de 2024, junto con el Decreto 112/2024, que desarrolla el procedimiento.

Entre sus exigencias generales está la identificación de quien presenta la petición y la aportación de información sobre el asunto. La norma establece responsabilidades de clasificación, tramitación y respuesta.

Para conocer qué unidad concreta corresponde a cada caso y qué plazo se aplica, debe consultarse el texto vigente de la ley y la oficina de atención competente. Una queja al organismo equivocado puede requerir una remisión o una orientación adicional.

Cómo preparar un escrito o una solicitud

Una comunicación clara debe aportar datos verificables y evitar las generalizaciones:

  • Identificación y contacto: los datos personales exigidos por el procedimiento.
  • Hechos: qué ocurrió, dónde, cuándo y qué institución o personas intervinieron.
  • Documentación: copias de constancias, comunicaciones o resoluciones disponibles.
  • Petición concreta: la actuación, explicación o respuesta que se solicita.
  • Constancia: guardar una copia, el acuse de recepción y cualquier número de seguimiento asignado.

La Fiscalía General de la República y otros organismos disponen de vías institucionales de atención a la población, pero su competencia depende del tipo de situación. Para comprobar los canales en uso, pueden consultarse los sitios oficiales del organismo correspondiente, incluida la Fiscalía General.

En casos con plazos judiciales o administrativos, es necesario revisar el recurso apropiado y sus términos, porque presentar una petición general no implica automáticamente interrumpirlos.

Qué debe comprobarse para el 10 de diciembre de 2027

La fecha está definida: viernes 10 de diciembre de 2027. Los actos conmemorativos, si los hay, necesitarán convocatoria específica. Quien desee iniciar una gestión no tiene que esperar a esa jornada: puede consultar desde ahora el artículo 61 de la Constitución, la Ley 167 y las vías de atención de la autoridad correspondiente.