La transparencia salarial ha cambiado en España desde el 19 de noviembre de 2026. El Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el BOE el día 18, refuerza el acceso a información sobre remuneraciones y modifica las reglas de las ofertas de empleo. La reforma afecta tanto a quienes ya tienen contrato como a quienes buscan trabajo.

La cuestión práctica es inmediata: ¿puede una persona trabajadora solicitar el salario medio de quienes desempeñan funciones comparables y cuánto tiempo tiene la empresa para responder? La norma reconoce ese derecho, fija un plazo máximo de dos meses y establece garantías para que la información sirva para detectar posibles desigualdades retributivas.

¿Qué salario puede pedir conocer un trabajador?

La persona trabajadora puede solicitar por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles correspondientes a trabajos iguales o de igual valor.

Los datos deben expresarse tanto en términos anuales como por hora de trabajo. Esto permite comparar remuneraciones aunque existan diferencias de jornada, complementos u otras condiciones laborales.

La regla no equivale a un acceso indiscriminado a las nóminas identificadas de todos los compañeros. El derecho individual se articula sobre datos propios y promedios comparables, con garantías de protección de los datos personales.

Plazo de respuesta: la empresa dispone de un máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud inicial para facilitar por escrito la información requerida. Si la respuesta es incompleta o inexacta, puede pedirse una aclaración razonable; la norma contempla una respuesta motivada en 15 días para esa aclaración.

Quienes hayan dejado la empresa también pueden ejercer este derecho respecto del periodo en el que trabajaron allí, siempre que soliciten la información durante el año siguiente al cese.

¿Cómo solicitar la información salarial a la empresa?

Para ejercer el derecho en España, el procedimiento práctico puede organizarse así:

  1. Dirigir una solicitud por escrito a recursos humanos o al canal habilitado por la empresa. También puede utilizarse la representación legal de los trabajadores.
  2. Pedir la retribución individual y la media anual y por hora, desglosada por sexo, del grupo o categoría correspondiente al mismo trabajo o a otro de igual valor.
  3. Conservar una copia con fecha de envío y, cuando sea posible, constancia de recepción para poder comprobar el plazo de dos meses.
  4. Si la información resulta incompleta, solicitar aclaraciones específicas por escrito.

La información recibida sobre otras personas está sujeta a una finalidad concreta: el ejercicio del derecho a la igualdad retributiva. La norma exige garantías de confidencialidad y protección de datos.

¿Las ofertas de empleo tienen que indicar el sueldo?

Sí. La reforma incorpora obligaciones de transparencia antes de la contratación. Las ofertas de empleo deben facilitar información sobre la retribución inicial del puesto, y los anuncios y las denominaciones de los cargos deben ser neutros respecto al género.

Además, la empresa no puede solicitar a los candidatos información sobre su historial salarial. El objetivo es que la negociación de una nueva remuneración no se base automáticamente en lo que una persona cobraba en empleos anteriores.

Para quien busque trabajo, la consecuencia es directa: puede comprobar la retribución anunciada y valorar las condiciones económicas antes de aceptar una oferta, en lugar de depender únicamente de conversaciones en fases avanzadas de la selección.

¿Qué cambia para las empresas de 50 o más trabajadores?

Las empresas con 50 o más personas trabajadoras afrontan exigencias adicionales de transparencia, incluida información sobre criterios de progresión retributiva cuando sean aplicables y obligaciones específicas de comunicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

La norma refuerza también el registro retributivo y la auditoría salarial, y prevé obligaciones diferenciadas según el tamaño de la plantilla y sus respectivos calendarios de información. Por ello, el plazo aplicable a una gran empresa no siempre coincide con el de una compañía de menor tamaño.

Los incumplimientos del deber de informar, del registro retributivo y de otras garantías laborales pueden constituir infracciones graves o muy graves, según la conducta, conforme a los cambios introducidos en la legislación sancionadora.

¿Desde cuándo se aplica la nueva ley de transparencia salarial?

El Real Decreto-ley 39/2026 es vigente desde el 19 de noviembre de 2026, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La reforma incorpora al derecho español obligaciones vinculadas a las directivas europeas sobre condiciones de trabajo transparentes y sobre igualdad de remuneración.

Existe una previsión específica para contratos de duración inferior a cuatro semanas que ya estaban vigentes al entrar en vigor la norma: si faltaba información contractual esencial, la empresa deberá facilitarla en diez días hábiles desde la solicitud, conforme al régimen transitorio.

La nueva regulación también protege frente a represalias por ejercer derechos laborales y refuerza las obligaciones de información sobre las condiciones esenciales del contrato.

Lo esencial para empleados y candidatos

Desde noviembre de 2026, quienes trabajan en España cuentan con un instrumento más concreto para comprobar posibles diferencias salariales: pueden solicitar promedios retributivos comparables y esperar una respuesta escrita en un máximo de dos meses. Para los candidatos, el cambio más visible es la información salarial en las ofertas y la prohibición de preguntar por su historial de sueldo.

La transparencia retributiva pasa así de un principio general a una serie de derechos y plazos utilizables en situaciones reales de contratación y empleo.